Ser uno de los diez mil trabajadores que cruzan la Verja de Gibraltar a diario seguro que tiene sus ventajas, pero también muchas otras desventajas; desventajas de las que una ciudad fronteriza como La Línea es bien conocedora. En este sentido, la Asociación de la Pequeña y Mediana empresa de La Línea (Apymell) ha expuesto a través de un informe la discriminación fiscal que sufren los trabajadores españoles en Gibraltar.

“Estos trabajadores, en el momento de realizar su declaración de la renta de las personas físicas, se encuentran en clara situación de desventaja frente a otros trabajadores transfronterizos al aplicar la regla de la doble imposición internacional”, enuncian en el informe.

Y es que en el caso de los trabajadores transfronterizos en Gibraltar, si obtienen rentas allí, les es de aplicación la llamada “doble imposición internacional”, figura que, básicamente, consiste en el gravamen impositivo que sufre una misma renta en dos países: la de su obtención y la de residencia del contribuyente.

Al respecto, la Ley de Renta establece algunas excepciones: “por los rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero, se está exento de tributar hasta 60.100 euros, salvo que no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal”. Y ahí radica el problema que sufren los trabajadores transfronterizos en Gibraltar. España tiene 102 Convenios de Doble Imposición firmados con otros tantos países, pero no existe un convenio con Gibraltar y el del Reino Unido no incluye ni Gibraltar ni otros territorios de ultramar, y, además, España considera a Gibraltar como un paraíso fiscal.

“De esta forma, los trabajadores transfronterizos en Gibraltar no están sujetos a esa exención de 60.100 euros por rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero debiendo tributar por lo obtenido en Gibraltar cuando superen los 12.000 euros, al ser considerado paraíso fiscal”, sostiene el informe fiscal.

Por tanto, en un ejemplo práctico: un español que trabaje en Gibraltar y cobre 1.5000 euros debe pagar a la Hacienda española 1.453,50 €, es decir, una mensualidad completa de salario.

Según este informe, los responsables de este discriminación fiscal son los gobiernos españoles. Los perjudicados, como siempre, el ciudadano de a pie.

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